El caso Odebrecht. Para muestra basta un botón.

Uno de los problemas más graves que padece la sociedad argentina es la corrupción y la deshonestidad de sus funcionarios públicos. Si bien este es un fenómeno que no es privativo de un determinado régimen político, sino que se puede dar en todos ellos, evidentemente hay regímenes que son más propensos que otros a generar y a cobijar en sus entrañas los actos de corrupción.

No hay dudas que esta democracia, inorgánica, anónima y laica, que padecemos los argentinos, con sus funcionarios irrepresentativos e inmorales al servicio del capitalismo financiero internacional, es el caldo de cultivo más nutritivo que puede existir para la corrupción.

Incontables son los hechos de este tipo que podemos registrar desde que la caída del malhadado Proceso de Reorganización Nacional dio lugar a la hegemonía partidocratica actual.

El caso Odebrecht por supuesto no es el mayor de ellos, ni el más espectacular, pero sirve para ilustrar como los empresarios capitalistas hacen sus negocios sucios en connivencia con el poder político de los países coloniales. 

Como es sabido, el conglomerado empresarial de origen brasileño, Odebrecht, fue denunciado en los Estados Unidos por pagar coimas y sobornos a funcionarios políticos de varios países, entre los cuales está la Argentina, para la adjudicación de contratos de obras públicas.

En efecto, funcionarios del grupo Odebrecht acogidos a la figura del “arrepentido”, reconocieron a la Justicia norteamericana haber pagado 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos en los últimos años, para obtener diversos contratos de obras. Algunos de estos contratos obtenidos de esa forma son el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el de las plantas potabilizadoras de AySA, y el de los gasoductos troncales. En estos contratos se han asociado varios de los pulpos más caracterizados del país y del continente, como Camargo Correa, Benito Roggio o Cartellone.

En el soterramiento del Sarmiento, la obra más costosa, el socio local de Odebrecht es IECSA, la empresa constructora que pertenecía a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y socio de la empresa familiar de los Macri; y quien se encargó de hacer las transferencias ilegales desde Brasil habría sido el actual Jefe de la A.F.I. (ex Side), Gustavo Arribas. El escándalo, por lo tanto, no sólo golpea a funcionarios kirchneristas de la gestión anterior, como el jefe de la obra pública K, Julio De Vido o el coimero Ricardo Jaime; sino también al gobierno del presidente Macri.

Por ello, a partir de que se conocieron las revelaciones de los delatores de Obedrecht, tanto los fiscales K como los operadores del macrismo desplegaron una desordenada maniobra de encubrimiento tendiente a proteger a aquellos funcionarios de sus respectivos signos políticos, como así también a los empresarios capitalistas amigos involucrados en este hecho.

En ese sentido, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con los funcionarios de Odebrecht en la Argentina para obtener la información y poder manipularla con el fin de encubrir a los posibles implicados del macrismo. En relación a esto el gobierno si bien no puede asegurarle la impunidad a los funcionarios de Odebrecht que pagaron las coimas, sin embargo puede darles algo que no es poco: la continuidad de los contrato de obras que lleva adelante la empresa, los cuales si nos atenemos al derecho deberían rescindirse. De no ser así a la corrupción en la adjudicación se le estaría sumando un nuevo acto de corrupción, al mantener la vigencia de tales contratos.

De modo pues que –al igual que lo que pasó con los fondos de Santa Cruz- muy difícilmente los argentinos podamos tener a mano la información sobre esta trama de corrupción. Ni que hablar de ver presos a los funcionarios y empresarios corruptos.

Ahora bien, lo paradigmático de este caso es el carácter pedagógico que tiene respecto a los alcances de la corrupción, que no recaen sobre determinadas personas o partidos, ni es episódica, sino que involucra a dos gobiernos de signo político aparentemente distinto, por lo que salta a la vista que estamos ante un fenómeno intrínseco al funcionamiento del Sistema. Es decir que no se trata tan sólo del problema de una administración en particular, sino de un Régimen que está al servicio de intereses anti nacionales y que genera la corrupción no solo como una forma más de transferir nuestras riquezas al extranjero sino también como un medio de pago extra a la oligarquía política que hace las veces de gerente del Poder Mundial.

Se demuestra, de este modo, que la cuestión de la corrupción no es una cuestión de izquierdas o derechas, o de "populistas" o "republicanos", sino que recorre todo el arco político regiminoso.

Por lo tanto el razonamiento al que debe llevar el escándalo Odebrecht es que, para acabar con la corrupción hay que terminar con el Sistema que la sustenta, y que no es otro que esta democracia colonial e irrepresentativa que nos impuso el Poder Mundial; la cual constituye la matriz de corrupción que articula al poder económico transnacional y a la oligarquía partidocratica a su servicio.

La gran tarea entonces que tenemos los nacionalistas, es hacer comprender a nuestros compatriotas que la corrupción sigue a la dependencia como la sombra sigue al cuerpo; y plasmar nuestras denuncias en un programa y una acción en defensa de los intereses nacionales y del bien común. La envergadura de esa lucha exige no solo un gran sacrificio sino también una gran humildad, para supeditar todo al triunfo de la Causa nacional.

                                                                                                  Edgardo Atilio Moreno